El domingo 25 de agosto se cumplió un año del día cuando una devastadora explosión sacudió la refinería de Amuay (estado Falcón), causando extensos daños a las instalaciones y dejando por lo menos 42 personas fallecidas (aunque residentes de la zona aseguran que fueron más de 100) y cientos de viviendas y negocios destruidos.
Hoy, a un año de la tragedia, PDVSA todavía no ha explicado qué sucedió ni ha presentado ningún informe acerca de la extensión de los daños. Por el contrario, la gigante estatal y el gobierno están haciendo lo indecible para evadir cualquier responsabilidad por el desastre.
Nicolás Maduro ahora asegura que la explosión fue provocada por "sabotaje" por parte de personas de la oposición. El ministro de Petróleo y Minería, y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, habla acerca de "infiltrados". En fin, cualquier cosa con tal que PDVSA quede libre de toda culpa.
Sin embargo, resulta que las causas del desastre son bien conocidas gracias a un detallado análisis (300 páginas) elaborado por 50 profesionales del sector petrolero y de otras áreas, recopilado por el Centro de Orientación en Energía (Coener), una ONG y centro de pensamiento compuesto por profesionales de la industria petrolera y expertos en otras áreas, entre ellos, muchos de quienes fueron despedidos abruptamente por Chávez a comienzos de 2003.
(El informe completo se puede ver en el blog de Coener: Coener2010.blogspot.com).
Lamentablemente, Coener concluyó que el desastre pudo haber sido evitado si no hubiera sido por la "crónica negligencia gerencial". La fuga de gas se informó a la medianoche del 24 de agosto de 2012, pero el mal adiestrado y pésimamente equipado personal de seguridad de PDVSA estuvo más de una hora tratando infructuosamente de detener la fuga y así evitar la explosión que ocurrió a la 1:10 am y el desastre subsiguiente. Se dice extraoficialmente que Coener calcula que el costo total de los daños asciende a $1,84 millardos, incluyendo los "daños colaterales" a las viviendas y negocios aledaños.
Pero el gobierno de Maduro está usando su control e influencia sobre los medios para evitar que el informe de Coener salga a la luz, hasta tal punto de que la semana pasada, funcionarios de PDVSA en Amuay se negaron a recibir la visita de un grupo de 10 diputados de oposición cuya intención era que PDVSA fuese la primera en ver el informe terminado. Por el contrario, los diputados fueron despedidos con caras destempladas y tampoco pudieron reunirse con representantes sindicales ni con los de las víctimas. También distribuyeron un resumen de cuatro páginas con los hallazgos de Coener, en el cual se insta a PDVSA a adoptar medidas para evitar que se repita el desastre.
El resultado fue que la gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo, anunciara que solicitaría a la Asamblea Nacional que se despoje a María Corina Machado, jefa del grupo, de su inmunidad parlamentaria por "distribuir panfletos (subversivos)". Machado afirmó que Amuay es la "…crónica de una tragedia anunciada, evitable y continuada". Además advirtió que "…a un año de la tragedia lo peor está por pasar".
Podría ser que la gobernadora Lugo tiene algún interés en ocultar la verdad. También podría ser que el ataque contra la diputada Machado (quien también está siendo "investigada" por una Comisión de la AN por un audio grabado, y manipulado, ilegalmente de una conversación privada de la diputada) forme parte del intento del gobierno por sumarse el voto 99, necesario para aprobar la Ley Habilitante que otorgaría a Maduro poder casi absoluto para legislar sin tener que consultar a la Asamblea Nacional, o permitir que las leyes se discutan en esta instancia. De aprobar el allanamiento de la inmunidad de Machado, se incorporaría su suplente, Ricardo Sánchez, alejado de la bancada de la Unidad Democrática y quien podría ser susceptible según algunos a un salto de talanquera. Otros piensan que Sánchez tiene firme su vocación democrática y no adicionaría al oficialismo.
Por su parte, PDVSA está haciendo todo lo posible para presentar la tragedia de Amuay como un "testimonio al heroísmo y la capacidad", gracias a los extraordinarios esfuerzos de personal y equipos de rescate de PDVSA para enfrentar la tragedia: "Fueron 83 horas de combate, una reacción muy rápida y muy efectiva de nuestros 222 bomberos especializados… además del conjunto de obreros y gerentes de muchísima experiencia, hombres que tienen 33 años de experiencia..."
Puede que sea así, pero eso no explica las causas del desastre. Coener sí lo hace. Además, también lo hacen los aseguradores de PDVSA, que aparentemente hicieron saber a Petróleos de Venezuela que rechazarían cualquier reclamo por parte de la estatal petrolera, porque la empresa no había aplicado las medidas de seguridad y mantenimiento recomendadas por las firmas aseguradoras en marzo de 2012.
Maduro y Ramírez llevan una enorme ventaja en su intento para evitar que los venezolanos conozcan lo que realmente sucedió el 25 de agosto de 2012. La radio y la TV, y en menor grado, los medios impresos, están absolutamente controlados por el Estado o han sido intimidados y se autocensuran para no correr la misma suerte de Globovisión (canal de TV de donde el Gobierno hizo sacar a todas las voces críticas) o El Nacional y Tal Cual que fueron multados con el equivalente a un año de ingresos por publicar fotos que no le gustaron al Gobierno.
No obstante, gracias a instituciones como Coener y personas como María Corina Machado y muchas otras, la verdad está saliendo a la luz.
Hoy, a un año de la tragedia, PDVSA todavía no ha explicado qué sucedió ni ha presentado ningún informe acerca de la extensión de los daños. Por el contrario, la gigante estatal y el gobierno están haciendo lo indecible para evadir cualquier responsabilidad por el desastre.
Nicolás Maduro ahora asegura que la explosión fue provocada por "sabotaje" por parte de personas de la oposición. El ministro de Petróleo y Minería, y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, habla acerca de "infiltrados". En fin, cualquier cosa con tal que PDVSA quede libre de toda culpa.
Sin embargo, resulta que las causas del desastre son bien conocidas gracias a un detallado análisis (300 páginas) elaborado por 50 profesionales del sector petrolero y de otras áreas, recopilado por el Centro de Orientación en Energía (Coener), una ONG y centro de pensamiento compuesto por profesionales de la industria petrolera y expertos en otras áreas, entre ellos, muchos de quienes fueron despedidos abruptamente por Chávez a comienzos de 2003.
(El informe completo se puede ver en el blog de Coener: Coener2010.blogspot.com).
Lamentablemente, Coener concluyó que el desastre pudo haber sido evitado si no hubiera sido por la "crónica negligencia gerencial". La fuga de gas se informó a la medianoche del 24 de agosto de 2012, pero el mal adiestrado y pésimamente equipado personal de seguridad de PDVSA estuvo más de una hora tratando infructuosamente de detener la fuga y así evitar la explosión que ocurrió a la 1:10 am y el desastre subsiguiente. Se dice extraoficialmente que Coener calcula que el costo total de los daños asciende a $1,84 millardos, incluyendo los "daños colaterales" a las viviendas y negocios aledaños.
Pero el gobierno de Maduro está usando su control e influencia sobre los medios para evitar que el informe de Coener salga a la luz, hasta tal punto de que la semana pasada, funcionarios de PDVSA en Amuay se negaron a recibir la visita de un grupo de 10 diputados de oposición cuya intención era que PDVSA fuese la primera en ver el informe terminado. Por el contrario, los diputados fueron despedidos con caras destempladas y tampoco pudieron reunirse con representantes sindicales ni con los de las víctimas. También distribuyeron un resumen de cuatro páginas con los hallazgos de Coener, en el cual se insta a PDVSA a adoptar medidas para evitar que se repita el desastre.
El resultado fue que la gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo, anunciara que solicitaría a la Asamblea Nacional que se despoje a María Corina Machado, jefa del grupo, de su inmunidad parlamentaria por "distribuir panfletos (subversivos)". Machado afirmó que Amuay es la "…crónica de una tragedia anunciada, evitable y continuada". Además advirtió que "…a un año de la tragedia lo peor está por pasar".
Podría ser que la gobernadora Lugo tiene algún interés en ocultar la verdad. También podría ser que el ataque contra la diputada Machado (quien también está siendo "investigada" por una Comisión de la AN por un audio grabado, y manipulado, ilegalmente de una conversación privada de la diputada) forme parte del intento del gobierno por sumarse el voto 99, necesario para aprobar la Ley Habilitante que otorgaría a Maduro poder casi absoluto para legislar sin tener que consultar a la Asamblea Nacional, o permitir que las leyes se discutan en esta instancia. De aprobar el allanamiento de la inmunidad de Machado, se incorporaría su suplente, Ricardo Sánchez, alejado de la bancada de la Unidad Democrática y quien podría ser susceptible según algunos a un salto de talanquera. Otros piensan que Sánchez tiene firme su vocación democrática y no adicionaría al oficialismo.
Por su parte, PDVSA está haciendo todo lo posible para presentar la tragedia de Amuay como un "testimonio al heroísmo y la capacidad", gracias a los extraordinarios esfuerzos de personal y equipos de rescate de PDVSA para enfrentar la tragedia: "Fueron 83 horas de combate, una reacción muy rápida y muy efectiva de nuestros 222 bomberos especializados… además del conjunto de obreros y gerentes de muchísima experiencia, hombres que tienen 33 años de experiencia..."
Puede que sea así, pero eso no explica las causas del desastre. Coener sí lo hace. Además, también lo hacen los aseguradores de PDVSA, que aparentemente hicieron saber a Petróleos de Venezuela que rechazarían cualquier reclamo por parte de la estatal petrolera, porque la empresa no había aplicado las medidas de seguridad y mantenimiento recomendadas por las firmas aseguradoras en marzo de 2012.
Maduro y Ramírez llevan una enorme ventaja en su intento para evitar que los venezolanos conozcan lo que realmente sucedió el 25 de agosto de 2012. La radio y la TV, y en menor grado, los medios impresos, están absolutamente controlados por el Estado o han sido intimidados y se autocensuran para no correr la misma suerte de Globovisión (canal de TV de donde el Gobierno hizo sacar a todas las voces críticas) o El Nacional y Tal Cual que fueron multados con el equivalente a un año de ingresos por publicar fotos que no le gustaron al Gobierno.
No obstante, gracias a instituciones como Coener y personas como María Corina Machado y muchas otras, la verdad está saliendo a la luz.
